Que el humo no tape la Ley de Humedales
Miles de hectáreas incendiadas y el aire irrespirable en Rosario y otras ciudades reavivó la necesidad de discutir una ley que proteja el entorno natural codiciado por el extractivismo. Cuáles son los proyectos en pugna para preservar un ecosistema que abarca el 20 por ciento del territorio.
Vamos a hablar de humedales, pero antes un pacto de lectura: imaginen que ustedes son humedales. Un ecosistema vivo, más del 20 por ciento del territorio argentino, espacio de hábitat y recreación. Bueno, sepan que ustedes están en peligro, entre el asedio de los incendios intencionales y los efectos de la contaminación ambiental.
A pesar del auge que tuvieron los carpinchos y el humo invadiendo el aire de ciudades costeras del río Paraná, el proyecto de Ley de Humedales perdió estado parlamentario en 2021. Este año, con miles de hectáreas quemadas en Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, la presión social sobre el Congreso se volvió a sentir para que haya criterios de protección de los humedales plasmados en una ley. Los proyectos en danza son dos.
El diputado Leonardo Grosso (Frente de Todxs) impulsa el llamado “proyecto consensuado”, que recoge los lineamientos del proyecto 2020 y tiene el respaldo de una 400 organizaciones, asambleas, multisectoriales, colectivos científicos y especialistas. A su vez, el Gobierno nacional, a través del ministro de Ambiente Juan Cabandié y en conjunto con el Consejo Federal de Ambiente (COFEMA), respondió con un contraproyecto sin consenso. O, mejor dicho, con el consenso de los lobbies.
Nombrar para conocer y defender
Hay un viejo concepto que retorna para pensar esta problemática: no se puede amar (y menos aun defender) lo que no se conoce. Entonces, ¿qué son los humedales? “Creemos y observamos que hay mucho desconocimiento sobre lo que es un humedal, su importancia, dónde se encuentran”, señala Cecilia Molina, licenciada en Ciencias Ambientales con maestría en Ecología de Pastizales y actual coordinadora del Área de Bosques de la organización Tierra Nativa.
La respuesta: “Tienen mucha importancia, tanto para la población humana como para la biodiversidad. Los humedales son hábitats para especies, regulan las inundaciones porque funcionan como grandes esponjas que absorben agua y por eso también regulan el clima, ya que pueden absorber el dióxido de carbono de la atmósfera a través de las especies de plantas que viven allí. Purifican el agua, proveen de agua potable para la población, también para las producciones locales. Son sitios donde se lleva a cabo pesca tradicional, tienen un valor cultural importante, puesto que pueden ser sitios de preservación de la identidad cultural, y también sitios de belleza escénica, donde se pueda contemplar esa belleza propia de los humedales, y funcionan también como sitios de recreación”.
El Convenio de Ramsar, vinculado a la protección internacional de los humedales, se firmó en 1971 y entró en vigencia cuatro años después. Argentina, país adherente, tiene 23 sitios Ramsar y se estima que los humedales cubren aproximadamente el 20 por ciento del territorio nacional.
Molina contextualiza: “Si bien este acuerdo internacional es importante, la efectividad real en la conservación de la biodiversidad y de los propios humedales depende de la manera en que los países que adhieren propongan medidas reales de conservación”. Por ejemplo, una Ley de Humedales.
El proyecto que simpatiza al COFEMA modifica la definición de humedales, lo que distorsiona los alcances de protección. No hace referencia a la Convenio de Ramsar, por lo que podrían quedar fuera muchos de los sitios designados de importancia internacional. También elimina la posibilidad de usar principios precautorios y preventivos para el mantenimiento de los humedales. Y hace lo propio con la posibilidad de prohibir la liberación, dispersión o disposición de sustancias o contaminantes en estos ecosistemas. Otro dato relevante: cercena la posibilidad de asegurar el uso racional de las actividades extractivas.
“De aprobarse esta nueva ley, entre otras desventajas, podría quedar desprotegido un sitio designado de importancia internacional por Ramsar: las lagunas Altoandinas y Puneñas de Catamarca”, dice Molina. En eza zona se extrae actualmente el llamado “oro blanco” con intervención de capitales chinos, ya que son grandes extensiones con abundancia de litio. “Eso demuestra que por más que exista este acuerdo internacional, no es suficiente para la conservación de los humedales, sino que se necesita una ley nacional que proteja definitivamente estos espacios”, ratifica la especialista.
El contexto nacional
En el país, según un estudio liderado por la ecóloga Patricia Kandus, se estima que hay 600 mil kilómetros cuadrados de humedales que son fundamentales como reservorios de agua dulce y para mitigar los efectos del cambio climático. Estos ecosistemas (ustedes) se encuentran amenazados.
Entre las actividades humanas que provocan la pérdida y degradación de los humedales están el drenaje y relleno con el fin de utilizar estas áreas para uso productivo o urbanizaciones. En este contexto, el jueves 9 de junio de 2022 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Misiones la Ley XVI-146, relativa al marco regulatorio para los humedales. Se trata de la primera norma en todo el país en regular la materia.
El 25 de abril de 2022, medio centenar de organizaciones en el “Grupo Ley de Humedales” (como Amnistía Internacional Argentina, Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, Fundación Biodiversidad Argentina, Fundación Cauce Cultura Ambiental-Causa ecologista y Multisectorial Humedales, entre muchas otras) elevaron una carta a Diputados en la cual expresaron su “preocupación por la falta de respuesta efectiva del Congreso Nacional a los graves procesos de degradación y pérdida de humedales a lo largo del territorio argentino”.
Señalaban allí también: “El Parlamento Nacional debe estar a la altura de las circunstancias de la crisis ecológica y climática que atravesamos, y que reconozca el trabajo colectivo y el reclamo ciudadano de más de una década detrás de la Ley de Humedales. Más de 720 mil personas ya apoyaron el reclamo a lo largo del país de Ley de Humedales Ya, y la sociedad civil está camino a alcanzar el millón de firmas”.
En “Ley de Humedales Ya” (www.leydehumedalesya.org), un sitio elaborado entre organizaciones como CasaRío, Taller Ecologista, Cauce y FARN, se puede leer: “Los humedales de nuestro país no son ajenos a las presiones identificadas a nivel mundial que están causando su desaparición y degradación, y se encuentran bajo fuertes amenazas. Nuestros humedales requieren de instrumentos normativos, en distintas escalas, que permitan asegurar su conservación y uso ambientalmente respetuoso”.
Sobre el Poder Legislativo: “El proceso de desarrollo y discusión parlamentaria de una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de humedales requiere de una participación efectiva, que asegure que se considere la voz de las personas que habitan los humedales en los procesos de toma de decisión y ejecución de acciones que alcancen a estos ecosistemas. El Congreso Nacional debe promover una Ley de Humedales construida de abajo hacia arriba, integrando la visión desde los territorios. Una ley por y para los humedales y su gente, que favorezca y aumente las chances de una implementación efectiva de la norma a lo largo del país”.
Cementerio de humedales
El lobby del poder económico inmobiliario ha demostrado sobradas veces su efectividad. La pérdida de humedales es la punta del iceberg de un modelo de producción de ciudad dominado por el mercado, donde la renta se impone sobre el cuidado del ambiente, el acceso a la tierra y a la vivienda o a alimentos de calidad.
María José Venancio, Marcela Perelman, Federico Forchani y Luna Miguens, integrante del equipo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), tomaron dos casos testigos para el Informe Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) 2022:
1) Venice Ciudad Navegable. “Es un emprendimiento urbanístico del grupo TGLT, una de las desarrolladoras inmobiliarias más grandes de la Argentina. Se trata de un barrio cerrado ubicado en el municipio de Tigre, en un terreno adyacente a El Garrote, un asentamiento popular donde viven casi 1000 familias. Ante el riesgo de que Venice elevara los niveles de inundabilidad de El Garrote, un grupo de vecines se organizó para iniciar una medida cautelar con el patrocinio del CELS. En el proceso judicial, accedimos al trámite administrativo de aprobación del proyecto, donde quedaron en evidencia fallas y omisiones. La empresa había iniciado las obras sin los estudios de impacto ambiental e hidráulico que se requieren en este tipo de proyectos. Recién tras la suspensión de las obras por parte del Poder Judicial, TGLT inició esos trámites y el organismo provincial competente otorgó la aprobación en un tiempo excepcionalmente corto”.
2) Colony Park. “Un proyecto de barrio residencial sobre 400 hectáreas del delta de Tigre. Las obras, que alteran la topografía insular, se iniciaron sin los permisos necesarios. Vecines y organizaciones lo judicializaron y el proyecto fue suspendido de manera permanente. Esto se logró luego de una inspección que constató que las obras ya habían transformado el ecosistema de las islas por el dragado, la elevación de la cota, la apertura de canales navegables, el ensanchamiento de un arroyo y la rectificación de un canal”.
“Si esta forma de urbanismo se puede llevar a cabo es por un conjunto de flexibilidades y desregulaciones que ponen por delante la zanahoria del desarrollo urbano”, resume la geóloga Patricia Pintos. Por eso el proyecto de ley ya perdió estado parlamentario tres veces. El poder de presión, asegura Pintos: “Los sectores que hacen lobby para seguir garantizando sus privilegios en la explotación forestal, del agronegocio, del litio y en la explotación inmobiliaria son los causales de que la Ley de Humedales esté trabada en el Congreso. Es importante hacer una lectura integral de todo esto”.
El Informe Ambiental 2022 de FARN dice que hay un factor común en varios temas socioambientales: “Las pérdidas de cientos de miles de hectáreas de humedales; bosques nativos y pastizales a merced del fuego en distintos puntos del país; pérdida de estado parlamentario del proyecto de Ley de Humedales; aprobación de la Ley de Zonificación Minera y su derogación inmediata tras las movilizaciones sociales del Chubut-aguazo; aprobación de actividades de exploración sísmica luego de un defectuoso procedimiento de evaluación de impacto ambiental; leyes especiales para promover y proteger actividades generadoras de divisas en un contexto de crisis de deuda y sin un plan posterior”.
Lo que hilvana todas estas problemáticas es “la distancia entre la demanda social –de una mayor incorporación de los temas ambientales en la agenda pública– y las decisiones de los gobiernos que restringen, minimizan o dejan de lado esas preocupaciones”.
Del agua al asfalto
Un año atrás, el 18 de agosto de 2021, una multitudinaria e inédita manifestación se dio cita en Plaza de Mayo. Una semana antes había partido desde Rosario una travesía en kayak impulsada por la Multisectorial Humedales. Remaron más de 350 kilómetros por el Río Paraná para llegar a Buenos Aires. Luego caminaron otras 15 cuadras hasta el Congreso Nacional, en modo de exigencia de una Ley de Protección de los Humedales que tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo dejaron caer a fin de año.
¿Recuerdan? Que el medio ambiente no sea una entelequia. Tampoco los humedales, específicamente. Imaginemos ese escenario. Esos ecosistemas respiran. Son el 2o por ciento del territorio argentino. Vale remarcarlo. Al mismo tiempo, carpinchos aparecían en Nordelta. Y no por gusto. Sus hábitats habían sido destruidos, invadidos, exfoliados.
“Es muy elocuente cómo los medios circunscriben la problemática de los humedales y medioambiental dándola vuelta, mostrando exactamente lo contrario: 'los carpinchos invadiendo a Nordelta', a los barrios cerrados, como si no fuera exactamente al revés. Hemos arrasado con esos humedales, y si existiera una ley –como la que estamos pidiendo– el proceso no hubiera sido el mismo. Esos barrios cerrados están construidos sobre la destrucción de humedales y vendidos como una vuelta a la naturaleza”, dijo el abogado ambientalista Enrique Viale por aquel entonces.
Juan Camelia, de la Multisectorial, contó aquello que se yergue como el eje fundamental de por qué no hay Ley de Humedales consensuada en Argentina: “Muchos intereses económicos están impidiendo el avance de la ley. Es muy probable que vuelva a perder estado parlamentario a pesar de la gravedad de la situación (algo que finalmente sucedió). De alguna manera nos felicitaron tibiamente por poner en agenda esta temática y –cínicamente– nos alentaron a seguir. Lo de cínico es porque se mostraron como compañeros de lucha y –al mismo tiempo– nos dieron propuestas de avance concreto muy pobres”. Corolario: los lobbys extractivistas se imponen en el Congreso.
Según Viale, hay tres fuentes de presión en torno a la sanción de la norma que protege los humedales: “En la Ley de Bosques estaba el lobby del agronegocio y en la Ley de Glaciares el lobby de la megaminería. Acá hay tres lobbys: el agronegocio por la ganadería y la soja que avanzan con su frontera sobre estos ecosistemas; la especulación inmobiliaria y los barrios cerrados como segundo lobby; y la minería que tampoco quiere esta ley, porque el litio se obtiene en salares de altura, que son humedales”.
El fuego y otros peligros
Mientras se alargan los tiempos políticos, el fuego y el humo continúan en distintos puntos del país. Como si nada. “No necesitamos que nos expliquen lo que vivimos en carne propia: hemos ido a apagar el fuego, convivimos con las comunidades afectadas, consumimos el agua, respiramos el humo", remarcan desde la Multisectorial Humedales.
Los incendios son la expresión del modelo extractivista sobre los humedales: quemar para que avance el capital en alguna de las vertientes productivas (ganadería, forestación de especies ajenas al ecosistema, agricultura intensiva). La Red Nacional de Humedales (RENAHU), conformada en 2020 ante la emergencia ambiental que se potenció con la pandemia, maneja números contundentes: al menos un millón de hectáreas arrasadas por el fuego en los últimos dos años.
“Sabemos bien que el sector productivo sabe lo que hace. Y si no lo sabe, el Estado se lo deja claro, ya que ante un desastre ambiental los subsidios van para ese sector. Tenemos claro que leyeron la ley, saben lo que dice la ley y –como entienden la importancia de los humedales– los van a seguir reventando”, asegura Constanza McLoughlin, integrante de la Multisectorial.
La licenciada en Ciencias Ambientales Cecilia Molina se refiere al peligro que implica el avance del proyecto de ley del Ministerio de Ambiente y el COFEMA: “La nueva ley recorta ampliamente la Ley de Humedales consensuada previamente. Uno de los puntos fundamentales que la nueva ley pretende modificar es la definición de humedales. Y al ocurrir esto, no queda claro cuál es el alcance. Esta nueva ley posibilita que, por ejemplo, si hay lugares que en algún momento sufren una sequía, y no están inundados, automáticamente quedan fuera, literalmente, de la definición de humedales. Entonces quedan habilitados para realizar las llamadas 'actividades productivas' en ese lugar”.
Otro de los puntos salientes por los cuales las organizaciones socioambientales rechazan el nuevo proyecto es la eliminación de los principios de no regresión en materia medioambiental. Ante situaciones de controversia, no se toman en consideración los principios 'In Dubio Pro Acqua' e 'In Dubio Pro Natura', que significan que siempre la resolución deberá del modo más favorable a la protección y preservación de los recursos hídricos y ecosistemas conexos. “Si se eliminan estos principios queda abierto a que se puedan llevar a cabo actividades productivas negativas para estos ecosistemas de humedales”, especifica Molina.
También queda relegada en el proyecto cuestionado la inciativa de mapear los humedales en todo el territorio. Así lo explica la especialista: “En la ley original se habían propuesto diferentes escalas donde se tenía que hacer un inventario de humedales. Por ejemplo: a escala regional, después a escala de paisaje, y a escala de unidades de humedales. Es decir, monitorear o mapear cada uno de los humedales que existen en el territorio nacional. Y este artículo se eliminó”.
Desde “Humedales sin fronteras” (que componen Cauce, Taller Ecologista, CasaRío y FARN) emitieron un comunicado en el cual denuncian que “el proyecto de ley consensuado en el COFEMA no contó con la participación y aportes de organizaciones y actores de la sociedad civil, y que no nos representa”.
También expresan que “el proyecto de Ley de Humedales del COFEMA supone severos retrocesos en los niveles de protección que impulsa el texto unificado” y aseguran que ese proyecto “borra la agenda de derechos humanos vinculada a los humedales, invisibilizando a mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y comunidades locales urbanas y rurales, campesinas, tradicionales, productoras, isleñas, residentes permanentes y ribereñas”. Esto no solo en materia de participación, sino también “de posibilidades de obtener apoyo económico para sus acciones de conservación y uso sostenible”.
Otra crítica de las organizaciones se refiere a que incorpora un lenguaje “que favorece la financiarización y un enfoque antropocéntrico de los humedales, impulsa su aprovechamiento y propone 'buenas prácticas productivas en humedales' sin definir qué se entiende por ello”.
“Integridad ecológica”, “enfoque ecohidrogeomórfico”, “protección”, “preservación”, “gestión racional y sostenible de humedales”, “variabilidad temporal de los humedales”, “Evaluación de Impacto Ambiental”, “Evaluación Ambiental Estratégica” y “Evaluación de Impactos Acumulativos”, son algunas de las definiciones que desaparecen en la propuesta gubernamental de los lobbies sin respaldo de la sociedad civil.
La geógrada Patricia Pintos analiza: “Con su mirada siempre puesta en el corto plazo, el extractivismo desarrollista no descansa. Construye un imaginario de continuidad de los consensos alcanzados, barniza sus acciones de compromiso ambiental y las rodea de ficciones de participación, gana tiempo. Por su parte, las organizaciones socioambientales, que aportaron al camino de construcción colectiva que condujo al proyecto consensuado en 2020, seguirán ensayando estrategias, tejiendo redes, ensanchando sus espacios de acción para recuperar un horizonte para ellas inclaudicable: el de una ley producida de frente a los pueblos y con su acuerdo”.
El panorama legislativo es incierto. La novedad de las últimas horas es que el ministro Cabandié reconoció públicamente que el Gobierno apoyaría el proyecto consensuado, tal vez como un gesto político ante las imágenes repetidas del humo invadiendo todos los rincones de Rosario.
El fondo del asunto no se modifica. El lobby seguirá ejerciendo su poder para evitar una buena Ley de Humedales. La construcción colectiva sigue esperando que sus gobernantes y legisladores abran los ojos. Porque, como se dijo al principio, ustedes están en peligro.